Izquierda Unida de Siero ha rechazado en el Pleno Municipal del 30 de enero la moción presentada que pretendía perpetuar un engaño a los vecinos de Pumarabule, exigiendo una permuta de viviendas privadas por viviendas públicas, una medida que el ordenamiento jurídico español no permite. La portavoz municipal de IU, Teresa Álvarez, ha sido tajante en su intervención, advirtiendo que insistir en esta vía no solo es una irresponsabilidad política, sino que roza la incitación a la prevaricación.
«Somos partidarios de buscar soluciones para las familias con problemas en sus viviendas de Pumarabule. Lo fuimos ayer y lo somos hoy. Pero las soluciones deben basarse en la legalidad y la justicia social, no en engaños y promesas imposibles«, afirmó Álvarez, recordando que el actual director general de Vivienda ha sido claro al explicar que la permuta solicitada carece de encaje legal.
Desde IU Siero han subrayado que esta moción solo persigue alimentar un conflicto político a costa de las expectativas de los vecinos. «La realidad es que muchas de las familias afectadas han expresado públicamente que no desean trasladarse y que sus viviendas no están en ruinas, condición que cambiaría por completo el debate jurídico. Pero ahora se les vuelve a usar como moneda de cambio en una estrategia populista», denunció la portavoz municipal.
Más preocupante aún, IU ha alertado sobre el intento de disfrazar de discriminación positiva lo que en realidad es una injusticia: privar del acceso a la vivienda pública a quienes más lo necesitan en favor de intereses particulares. «Cuando esta discriminación se dirige específicamente contra un colectivo por su origen étnico o cultural, el problema es aún más grave», recordó Álvarez, señalando que no se pueden repetir los actos de odio vividos el 19 de diciembre con la complicidad de cargos públicos.
IU Siero defiende que la política de vivienda debe basarse en criterios objetivos y legales, garantizando el acceso justo a la vivienda pública y apostando por la rehabilitación de edificios vandalizados para su uso social. «Desde IU no vamos a apoyar ningún intento de instrumentalizar las necesidades de los vecinos. Trabajaremos en soluciones reales y dentro de la legalidad, como las ayudas para la rehabilitación de viviendas, pero no aceptaremos jugar con los derechos de la gente para obtener rédito político», concluyó Álvarez.
Izquierda Unida de Siero reafirma su compromiso con una política de vivienda pública que garantice derechos sin engaños, sin exclusiones y sin irregularidades legales.
Intervención en el pleno municipal de Tere Álvarez:
«Desde Izquierda Unida de Siero queremos comenzar dejando claro algo fundamental: somos partidarios de buscar soluciones para las familias con problemas en sus viviendas de Pumarabule. Lo fuimos ayer, y lo somos hoy. Entendemos su situación y compartimos su preocupación. Pero también creemos que las soluciones deben estar basadas en la verdad, la legalidad y el respeto hacia quienes más lo necesitan y a quienes sus condiciones materiales de vida les dificultan el acceso a una vivienda, no ya digna, sino a un simple techo.
Pero, en la actualidad, esta moción pretende prometer a los vecinos algo que el ordenamiento jurídico vigente simplemente no permite: una permuta de viviendas privadas por públicas. Esa promesa es un engaño, una irresponsabilidad política que genera expectativas falsas. Bajo una aparente preocupación por los vecinos, pretende perpetuar ese engaño, sabiendo que es ilegal y materialmente inviable. Pero es que además, una parte de los propietarios de esas viviendas no tiene nada que ver con las que las ocuparon en el 53, en los 60 o hace quince años, sino que son nuevos propietarios. Decían los mismos vecinos afectados hace poco más de un año que no estaban interesados en una mudanza: Decían, literalmente en prensa “En todo este tiempo hubo gente que se murió, otros vendieron sus casas y se fueron y el resto en su gran mayoría prefieren quedarse en sus pisos, estamos muy bien donde estamos, porque las casas no se caen”, Es decir, no están en situación de ruina, lo que de ser así cambiaría esencialmente la materia y la legislación de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que dista hoy entre unas declaraciones y esta moción?.
El actual director general de Vivienda lo ha dejado claro: no existe encaje legal para una permuta de este tipo. Insistir en esta vía es pedir a la administración que cometa prevaricación. ¿De verdad ese es el compromiso con las vecinas y vecinos de Pumarabule que propone esta alianza populista? ¿Prometerles soluciones imposibles con la única finalidad de alimentar un conflicto político? Pero lo que nos resulta verdaderamente alarmante es el intento de disfrazar de “discriminación positiva” lo que no es más que pura discriminación: despojar de derechos a quienes más los necesitan, incluso a costa de incurrir en prevaricación. Pero cuando esta discriminación se dirige específicamente contra un colectivo por su origen étnico y cultural, el nombre es otro. Los hechos del 19 de diciembre fueron un ataque intolerable, una muestra de odio que no puede repetirse, y menos aún con el respaldo o la incitación de cargos públicos.
Desde Izquierda Unida creemos que la política debe construirse sobre la base de la transparencia y la legalidad. Por eso, valoramos el esfuerzo de la Consejería por poner en marcha un programa de adjudicación basado en criterios objetivos y legales, y que además contempla la rehabilitación de los bloques vandalizados para darles un uso social. Este es el camino que queremos reforzar: garantizar que las viviendas públicas estén disponibles para quienes realmente las necesitan, para garantizar derechos, respetando el marco legal y los procedimientos establecidos.
No podemos permitir que las vecinas y vecinos de Pumarabule sean tratados como una mercancía en la batalla política. No es justo, no es ético y no resuelve sus problemas. Desde Izquierda Unida decimos alto y claro que eso no lo vamos a apoyar.
Nos comprometemos a seguir trabajando para encontrar soluciones reales y legales para estas familias, como las que tienen que ver con las ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas, pero siempre desde la verdad y el respeto. Porque con los derechos de las personas no se juega, y mucho menos para sacar rédito político.»
